Uno de los pilares del Estado de Bienestar de que nos hemos dotado los españoles en democracia es un sistema de pensiones que permite a todos tener garantizados unos ingresos dignos para vivir cuando se deja de trabajar o surgen otras eventualidades que impiden trabajar con normalidad. Se trata de un sistema público que es mantenido gracias a una caja única en la que ingresan las cotizaciones de empresarios y trabajadores.

La subcomisión de estudio para la reforma electoral, creada hace años, nos ha presentado hoy sus conclusiones a la Comisión Constitucional. Buen trabajo para mejorar el funcionamiento de la Administración electoral, para aclarar la papeleta de voto del Senado, y para luchar contra el transfuguismo, contra el derroche en campañas institucionales, contra el fraude de ley del voto en el exterior y del voto de las pistolas.

Ahora, una pena que no hayamos aprovechado la ocasión para hacer justicia democrática corrigiendo las severas desviaciones que tiene la representación proporcional en la elección de diputados que hacen que no todos los votos valgan lo mismo. A ellas les dediqué mi post del 18 de septiembre de 2009 titulado “Seamos valientes, reformemos el sistema electoral”.     

El 13 de diciembre de 2009 escribí en este blog: “…Sea como fuere, estoy convencido que la sentencia, compleja y de una naturaleza esencialmente interpretativa…declarará la constitucionalidad no sólo del espíritu sino de la casi totalidad de la letra del Estatut catalán, dejando fuera del ordenamiento jurídico, todo lo más, alguna coma o algún punto y coma del mismo, nada que no pueda arreglarse en el futuro con los diversos instrumentos constitucionales que nos dimos en el año 1978…”.Me he salido con la mía. Resulta que la sentencia por fin dictada por el Tribunal Constitucional sobre el Estatut, manifiestamente interpretativa, toca sólo el 5% del texto, respetando además las líneas maestras del mismo.

Ahora a quienes toca dar explicaciones de su estrepitoso fracaso de recurso es al PP, que pretendía conseguir en el tribunal lo que no había conseguido en el Parlament y en las Cortes, y al propio Defensor del Pueblo, quien interpuso un recurso descaradamente político contra una norma aprobada por el parlamento que lo comisiona por el solo hecho de “no gustarle personalmente”.                                           

¿Cómo es posible que el máximo dirigente del futbol mundial se niegue al uso de los avances tecnológicos en el arbitraje después de haber presenciado en directo dos terribles injustas decisiones perfectamente subsanables en el mundial de Sudáfrica? ¿Se esconde algo tras esta cerrazón?