Otra reforma estructural pendiente es la de la Administración. Los españoles, en democracia, hemos conseguido que las distintas administraciones que nos dimos con la Constitución –Estado, CCAA, municipios y provincias- sean entendidas como verdadero servicio público ciudadano. Ése ya es un paso de gigante para la eficiencia administrativa. Ahora, sin embargo, estamos en condiciones de ir más allá y buscar la excelencia de la función pública.
Una excelencia que ha de marcarse como grandes objetivos los siguientes:
1º. Un nuevo estatuto para los trabajadores al servicio de la Administración.
2º. Trámites procesales sencillos, seguros, ágiles, directos y lo menos incómodos posible para los ciudadanos.
3º. Una coordinación integral entre las distintas administraciones en todos los procesos administrativos.
Desde esos tres parámetros de eficacia administrativa ha de responderse por la Administración –y sus organismos dependientes- cuando surge un problema que deba de resolver, sea interno o sea de cara a los administrados.
Para eso es necesario:
a) Una profunda simplificación organizativa de la Administración pública en general, ahora con forma compleja de pulpo, con demasiadas cabezas y corazones. Se ha demostrado a lo largo de la historia que cada vez que se acomete una reforma con este objetivo, los resultados son siempre satisfactorios para los usuarios y para la propia administración.
b) Una racionalización modernizadora de las funciones, categorías y plantillas de funcionarios para adaptar mejor sus correspondientes cualificaciones a las reales necesidades de cada órgano, servicio, departamento o dependencia administrativa. Tengo la sensación que en nuestro país, uno de los que más bajas tiene la ratio de funcionarios por miles de habitantes, a la par que sobran muchos de ellos, faltan más en otros sitios públicos.
c) La coordinación administrativa integral y directa entre el Estado, las CCAA, los ayuntamientos, las diputaciones y todos los organismos dependientes de esos entes territoriales. Una coordinación que hoy es puro espejismo y que se hace las más de las veces a costa de los ciudadanos que han de suplir esa falla con su cooperación.
d) Que el acceso a la función pública se rija de verdad por los principios constitucionales de mérito y capacidad para ocupar el puesto de referencia, de manera que en la práctica consigamos poner a los mejor preparados para cada trabajo específico.
e) Graduar la estabilidad laboral de la persona que ha accedido a la función pública según sus propios méritos laborales. Debemos de acabar con la cultura del joven que consigue “una plaza para toda la vida”.
f) Dotar a la formación del funcionario de un perfil más cualificado e incentivador, buscando siempre que aquélla reporte verdadera utilidad al servicio público y no al trabajador (con independencia de que éste se vea inevitablemente beneficiado por tal formación).
g) Hacer promoción funcionarial teniendo en cuenta la excelencia del trabajo realizado. No puede ser que el trabajador que trabaja con verdadera profesionalidad gane lo mismo que el indolente o el irresponsable o que el que dirige a sus compañeros sea alguien distinto de aquel que ha destacado por sus estrictos méritos profesionales. Aquí el itinerario curricular como baremo decisor es clave.
h) La homologación de infinidad de trámites administrativos iguales o muy parecidos que hoy día tienen un tratamiento procesal dispar en las diversas administraciones.
i) La racionalización de múltiples procesos administrativos existentes en las distintas administraciones que todavía contienen trámites inútiles, superfluos, contradictorios y redundantes.
j) El uso de las nuevas tecnologías en el proceso administrativo y, sobre todo, en la comunicación intra e interadministrativa y con los ciudadanos, de manera que sólo excepcionalmente se requiera la presencia física de éstos en el trámite.
k) La autosuficiencia documental de las administraciones a la hora de recabar datos, pruebas o información sobre los ciudadanos sin necesidad de exigirles a éstos la aportación de los mismos.
l) Dotar a todas las administraciones de un lenguaje común claro y sencillo para que sea perfectamente comprensible por todos los ciudadanos.
m) Tener en chequeo ciudadano permanente a todos los procesos administrativos para permitir que la participación valorativa de los usuarios contribuya a mejorar los servicios públicos que se le dispensan.
Caben, sin duda, más propuestas concretas para esta reforma estructural pero se me antoja que éstas son las más elementales para dotar al país de una Administración pública sencillamente moderna en un Estado compuesto como el nuestro. Y, no nos engañemos, una Administración moderna es siempre motor de futuro social y económico de cualquier sociedad democrática avanzada.
Y en ese sentido, sólo indicar una cuestión. ¿Es la red farmacéutica una extensión más de la Administración Pública? ¿Son esos "establecimientos sanitarios privados de interés público" un brazo más de la Administración sanitaria?
Porque si lo son, y salvo mejor parecer, lo son, se debería ir pensando en "CLAVE PÚBLICA" en relación a su ordenación, o como gusta de llamar al CGCOF, "a su regulación".
Regúlese ese sector público ( su marcado carácter intervenido así lo impone) en consideración a valores de justicia social y de interés público, si realmente quiere acometerse una reforma en la administración PÚBLICA, en serio.
Para todo lo demás..... "MASTER CARD"
Saludos cordiales a todos.